Pleno. Sentencia 59/2026, de 8 de septiembre de 2026. Recurso de inconstitucionalidad 1301-2024. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con diversos preceptos de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. Competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda: pérdida parcial de objeto del proceso y reiteración de doctrina en cuanto afecta a preceptos legales ya enjuiciados en las SSTC 79/2024, de 21 de mayo; 26/2025, de 29 de enero; 17/2026, de 24 de febrero; 41/2026, de 26 de mayo, y 53/2026, de 8 de julio; constitucionalidad de los preceptos legales que contienen unas definiciones supeditadas a las establecidas por las administraciones competentes en materia de vivienda, enuncian las medidas que las administraciones públicas pueden adoptar para favorecer el acceso a la vivienda, y fijan el criterio temporal de aplicación del régimen de arrendamientos de grandes tenedores en zonas tensionadas. Votos particulares.
Tribunal Constitucional
BOE-A-2026-21250
Hablando claro
El Tribunal Constitucional rechaza parcialmente el recurso del País Vasco contra la Ley de Derecho a la Vivienda estatal. El tribunal considera que el Estado sí tiene competencia para regular aspectos como las definiciones de vivienda, las medidas de acceso a la vivienda y las reglas sobre arrendamientos en zonas de mercado tensionado, aunque reconoce que estas normas pueden ser desplazadas por leyes autonómicas. Esta sentencia reafirma doctrina ya establecida en fallos anteriores sobre competencias en vivienda, urbanismo y ordenación del territorio.
Cómo te afecta
Si eres arrendatario en una zona tensionada o buscas acceso a vivienda protegida o asequible, esta sentencia te afecta porque confirma que el Estado puede establecer normas generales sobre estas materias, aunque tu comunidad autónoma puede desarrollar sus propias reglas más específicas. Si eres propietario de viviendas de alquiler en zonas tensionadas, la sentencia mantiene en vigor la regulación estatal sobre régimen de arrendamientos que se aplica mientras no exista normativa autonómica que lo desplace.
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