El Tribunal de Cuentas ha fiscalizado cómo se ha gastado el dinero del ingreso mínimo vital en 2022 y 2023, y el Parlamento le pide al Gobierno que corrija varios problemas: que deje de financiar a ONG que faciliten la inmigración ilegal, que mejore cómo se reparte la ayuda entre comunidades autónomas, que simplifique los trámites para solicitarla y que agilice los pagos. También reclama que se cree una normativa completa para resolver confusiones en la aplicación de esta prestación y que se mejore el sistema informático que la gestiona.

Si solicitas o recibes el ingreso mínimo vital, esto te afecta directamente: los trámites podrían simplificarse, los plazos para resolver tu solicitud podrían reducirse, y no tendrías que aportar datos antiguos si tu situación ha cambiado. Si trabajas en servicios sociales, tu coordinación con la administración debería mejorar y recibir más recursos. Si vives en una comunidad autónoma con menos cobertura de la prestación, el Gobierno debe trabajar para que el ingreso llegue de forma más equitativa a todo el territorio.